El gobierno de Ecuador exigirá certificado de antecedentes penales a los extranjeros en las fronteras terrestres con Perú y Colombia, medida adoptada en busca de frenar la inseguridad existente hoy en el territorio ecuatoriano.
El Ministerio del Interior informó que el objetivo es controlar el ingreso de individuos que constituyan una amenaza o riesgo para la seguridad pública.
Según precisó la institución, la decisión se mantendrá vigente mientras dure el estado de excepción y el reconocimiento del conflicto armado interno.
Para tener validez, el certificado de antecedentes penales del país de origen o de residencia durante los últimos cinco años y deberá ser presentado debidamente apostillado.
A su vez, el presidente Daniel Noboa insiste en expulsar a reos extranjeros, entre ellos cerca de mil 500 colombianos presos en centros penitenciarios de Ecuador, un anuncio que ha causado polémica del otro lado de la frontera.
El crimen organizado ha propiciado esta semana una escalada de violencia, con motines en varias cárceles, secuestros, explosiones, atentados e incluso el asalto armado a un canal de televisión en la ciudad de Guayaquil.
Ante estos episodios, el Gobierno declaró la existencia de un “conflicto armado interno” y consideró a las organizaciones delictivas grupos terroristas y objetivos militares.
El Ejército en su cuenta de la red social X (antes Twitter) informó sobre los operativos realizados, como por ejemplo, la captura en la provincia de Esmeraldas de alias Chiquito, cabecilla de Los Tiguerones, una de las bandas criminales que operan en el país.
El mandatario ecuatoriano informó este jueves que 38 países ofrecieron apoyo debido a la crisis de seguridad.
Necesitamos apoyo militar, en número de soldados, en inteligencia, así como en artillería y equipamiento, admitió el gobernante en entrevista a la emisora FM Mundo.
Medios locales se hicieron eco de la declaración del portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, quien la visita de altos funcionarios estadounidenses que viajarán al país sudamericano en las «próximas semanas».
El vocero señaló que «aumentará el intercambio de inteligencia, la cooperación para combatir la actividad cibernética maliciosa y la asistencia con la implementación de reformas penitenciarias».
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