Golpe al turismo en Valencia y Benidorm al aprobarse la tasa al viajero

La presión ejercida por la industria turística de la Comunidad Valenciana no surte efecto: el tripartito acaba de aprobar la implantación de una tasa turística tras ceder el PSPV a la presión de sus socios de gobierno.

Los grupos parlamentarios que integran el Botánico, PSPV, Compromís y Unides Podem, han dado luz verde a esta norma que grava las pernoctaciones. No obstante, serán los ayuntamientos los que tengan la última palabra, ya que podrán decidir si quieren o no aplicarla.

Según lo pactado, el impuesto irá desde 50 céntimos por viajero y noche en camping u hostales a dos euros en hoteles de 4 estrellas en adelante. También estarán incluidos los pasajeros de cruceros, que deberán pagar 1,5 euros, así como los turistas que se alojen en viviendas turísticas de categoría superior.



Se establecerá un tope de siete días y estarán exentos los menores de 16 años, los que vengan con programas sociales como los viajes del Imserso, por motivos de salud o por conflictos bélicos o similar, informa Alicante Plaza.

El dinero recaudado deberá ir destinado a mejorar los servicios e infraestructuras turísticas, luchar contra el intrusismo, al medio ambiente, a facilitar el acceso a la vivienda o a fomentar las buenas prácticas en las empresas.

Los empresarios hoteleros y turísticos de la Comunidad Valenciana, que se oponen a la polémica tasa turística, adoptarán medidas para intentar tumbar su aplicación. Hosbec ya ha anunciado que va a estudiar la impugnación de esta norma ante los tribunales, “ya que un impuesto bonificado al 100% es un impuesto claramente innecesario que no debería siquiera pasar de la fase de documento borrador”. “Si se desea crear un impuesto de carácter municipal, como se ha vendido, hay que hacerlo a través de una modificación de la Ley de Haciendas Locales”, argumenta.

La patronal, además, solicitará a todos los partidos políticos que incluyan en sus próximos programas electorales la derogación de esta norma antes de su entrada en vigor, prevista para 1 de enero de 2024.

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