La venta de billetes de alta velocidad ha caído un 30% desde el accidente ferroviario del 18 de enero en Adamuz, donde murieron 46 personas tras el choque de un tren de Iryo y un Alvia de Renfe. Operadores y plataformas de comercialización están detectando una contracción generalizada de la demanda que atribuyen al impacto de la tragedia en la percepción de seguridad y fiabilidad del servicio.
Según apunta Expansión, el descenso afecta a todos los corredores, y se produce en un periodo posterior a la Navidad que tradicionalmente ya registra menor tráfico. Fuentes internas de Renfe, Ouigo e Iryo confirman que la caída media ronda ese 30%, aunque que también se aprecia en las ventas anticipadas para marzo y abril, meses clave para sus previsiones.
Desde las compañías reconocen que “el accidente ha contagiado al sistema con una sensación de inseguridad al viajar y de falta de fiabilidad del tren que ha llevado a los clientes a buscar otras opciones para moverse”. En paralelo, Adif ha anunciado reducciones de velocidad, especialmente en el corredor Madrid-Barcelona, por incidencias y trabajos en la infraestructura, lo que ha provocado retrasos y supresiones de servicios y ha empeorado las previsiones.
Este retroceso del tren se ha traducido en un repunte de la demanda en carretera y avión. BlaBlaCar asegura que, desde el 19 de enero, ha registrado un aumento del 36% en el número de pasajeros de coche compartido en España respecto al año anterior, con un precio medio de 16 euros y trayectos de 228 kilómetros. En el eje entre Andalucía y Madrid, el incremento alcanza el 410%, según la compañía. Iberia, por su parte, ha elevado la ocupación del Puente Aéreo hasta casi el 100% en febrero, tras eliminar el límite de precios en este servicio.
Ahora, Renfe, Ouigo e Iryo analizan el impacto económico del accidente y del deterioro del servicio para exigir responsabilidades. “Hay una evidente Responsabilidad Patrimonial de la Administración en este asunto, ya que debe velar por el buen funcionamiento de la red y el cumplimiento de los convenios sobre calidad del servicio firmados entre Adif y el Estado”, señala uno de los operadores. También apuntan que llevan meses remitiendo comunicaciones a Adif sobre incidencias y protocolos de seguridad sin obtener respuesta.
Mientras tanto, los despachos de abogados ya estudian posibles reclamaciones por la vía contractual y por la responsabilidad patrimonial de la Administración. Las empresas disponen de un año desde el accidente para cuantificar los daños y presentar reclamaciones.
INFOTUR LATAM
www.infoturlatam.com
